Los archivos del espionaje chavista, muestran un mundo paralelo de comunicaciones secretas obtenidas por una maquinaria de hackers militares y civiles bajo orden directa del presidente Maduro
Por Casto Ocando - @cocando | Ilustraciones: Andrea Phillips
Parte 1 de la serie
El presidente venezolano Nicolás Maduro sabe cuántas mujeres le escriben a diario al teléfono móvil del líder opositor Henrique Capriles Radonski. Y las fotos que recibe. Y con quiénes se reúne cada día. Y sobre qué hablan en privado una buena parte de los más destacados dirigentes de oposición en Venezuela como Henry Ramos Allup y Julio Borges. Y cuáles son las vías de la oposición para comunicarse con operadores chavistas como Jorge Arreaza y Elvis Amoroso. O la información de identidad del círculo familiar de la Fiscal General Luisa Ortega.
Centenares de conversaciones y documentos filtrados por primera vez de los archivos del espionaje chavista, muestran un mundo paralelo de comunicaciones secretas e íntimas, obtenidas por una maquinaria de hackers militares y civiles bajo orden directa del Presidente Maduro, que utilizan todos los recursos tecnológicos, incluyendo tecnología de punta diseñada por firmas norteamericanas, para penetrar los secretos de la oposición pero también de altos funcionarios de su propio gobierno, una operación que según sus detractores, viola preceptos legales y constitucionales que en teoría protegen el derecho a la privacidad en Venezuela.
Según testimonios inéditos y fuentes familiarizadas con el tema, la maquinaria de espionaje de Nicolás Maduro opera desde varios bunkers en la capital venezolana, el principal de los cuales se ubica en el complejo de edificios que sirve como sede del poder presidencial en Caracas, conocida como Miraflores. En oficinas bajo fuerte custodia los hackers pagados por el gobierno trabajan en largas filas de computadoras de última generación, con capacidad para procesar docenas de terabytes de información en bruto, con objetivos precisos. Los operadores, una combinación de oficiales militares activos de las cuatro fuerzas y civiles comprometidos, trabajan afanosamente en dos tareas claves para el gobierno venezolano: monitoreo masivo de las redes sociales e intercepción de correos electrónicos y conversaciones de opositores al régimen de Maduro, incluyendo enemigos dentro del chavismo, en tiempo real. La misión es de urgencia: el monitoreo permite saber quiénes conspiran, quiénes son los aliados, y quiénes trabajan para sacarlo del poder.
Los especialistas utilizan una combinación de programas, hackers y tecnología de última generación, que le permite al gobierno “leer” y “escuchar” de forma instantánea muchas de las conversaciones privadas en emails, mensajes de texto y chats del sistema operativo de Blackberry (BBM), de figuras como el ex candidato presidencial y actual Gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski; el jefe de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup; la ex Diputada y presidenciable María Corina Machado; y el Diputado Julio Borges, líder parlamentario del partido Primero Justicia, entre muchos otros.
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Maduro conduce su propia operación secreta al estilo que critica de la NSA: invadiendo ilegalmente la privacidad de miles de venezolanos
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Según expertos, el CESPPA ejerce en Venezuela funciones equivalentes, aunque a menor escala, a la agencia norteamericana NSA (National Security Agency), recientemente denunciada por el propio Nicolás Maduro de conducir presuntas operaciones de espionaje contra la petrolera estatal Pvdsa.
Pero irónicamente, Maduro conduce su propia operación secreta al estilo que critica de la NSA: invadiendo ilegalmente la privacidad de miles de venezolanos. Sin embargo, a diferencia de la agencia norteamericana, el CESOOA utiliza la data que obtiene para intimidar y perseguir abiertamente a opositores a su régimen, en algunos casos haciendo pública la información, incluyendo videos y grabaciones de llamadas telefónicas, a través de medios oficiales y en talks shows conducidos por los propios jefes revolucionarios, como el programa que dirige Diosdado Cabello en la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV).
“Me han intervenido todo”, dijo a Vértice la dirigente opositora María Corina Machado. “Conversaciones privadas con mi madre y otras personas (…) teléfonos, correos electrónicos, redes sociales. Y estas conversaciones han sido divulgadas por funcionarios del Estado en medios que son públicos, en algunos casos editando, alterando y cambiándoles totalmente el sentido”, aseguró Machado.
De acuerdo a documentos internos del CESPPA y testimonios de personas involucradas en sus operaciones, a los que tuvo acceso en exclusiva Vértice, el gobierno venezolano vigila, interviene y almacena simultáneamente las comunicaciones de centenares de políticos opositores, periodistas, activistas y sus familiares, utilizando para estas labores un pequeño ejército de oficiales del Ejército, la Armada, Aviación, la Guardia Nacional y la Guardia Marina. Estos oficiales, que recibieron un entrenamiento especial en inteligencia tecnológica y contrainteligencia con la ayuda de asesores rusos, chinos y cubanos, se encuentran bajo el mando del mayor general Gustavo González López, actual ministro del Interior y Justicia, y uno de los militares sancionados por Washington el año pasado acusado de cometer graves violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela.
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En una típica jornada de trabajo, el pasado 23 de enero de 2015 los hackers del CESPPA interceptaron conversaciones por mensaje de texto del dirigente Henrique Capriles Radonski y otros líderes opositores, entre ellos la ex diputada María Corina Machado, el alcalde de Caracas Antonio Ledezma, y los dirigentes del partido Primero Justicia Julio Borges y Tomás Guanipa. De acuerdo al registro de las comunicaciones, Capriles coordinaba encuentros para aclarar malentendidos y limar asperezas.
“Nos vemos ahora, pero quería decirte que hablé con Calderón, le dije que yo no podía llegar al foro pero que todos estábamos de acuerdo en que viniera, estaba inquieto sobre si era una agenda que podía acentuar las diferencias, le dije que no”, le escribió Capriles en un mensaje a María Corina Machado.
Cinco días más tarde, el 27 de enero, el CESPPA registró una conversación entre el diputado opositor Miguel Pizarro y su colega Julio Borges, sacada del chat de Blackberry del diputado Pizarro.
La conversación giró en torno a la negociación anunciada entre la DEA y Leamsy Salazar, el ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, que había huido en esa época a Nueva York acusando a su ex jefe Diosdado Cabello de ser el cabecilla del Cartel de los Soles. Borges describió dramáticamente la actitud de Cabello tras ser acusado por Salazar, un evento noticioso que tuvo una importante cobertura internacional.
Borges, un objetivo frecuente del espionaje madurista, fue mencionado en otro reporte secreto del CESPPA. El reporte se refería a la intercepción de un texto considerado altamente sospechoso en la línea celular de la firma española Movistar, de Borges. Vértice le pidió un comentario a Borges, pero el Asambleísta opositor declinó comentar. Vértice realizó varias llamadas al celular de Pizarro, pero las mismas no fueron respondidas.
El texto, escrito con caracteres de chino tradicional, generó toda clase de especulaciones entre los oficiales de inteligencia. Tras usar el traductor provisto por el buscador Bing, un analista intentó descifrar el mensaje sin coherencia aparente, resaltando “palabras claves encontradas de interés: soldados, golpe, lago,
agua, Tazón y la frase ‘empujando hacia arriba’”. Luego añadió la siguiente advertencia: “presumimos que debe existir otro cifrado en el texto…”. Pero ese mensaje oculto no resultó descifrado en el informe.
El 4 de febrero de 2015, cuando el gobierno chavista conmemoraba otro aniversario del golpe que catapultó a Chávez a la fama en 1992, los hackers de Maduro captaron una conversación entre Henrique Capriles Radonski y su asistente Carlos Altimari, que ultimaba los detalles sobre un viaje del gobernador del estado Miranda para reunirse con importantes contactos de Brasil.
De acuerdo a un informe secreto enviado ese mismo día por los analistas a sus superiores del CESPPA, se produjo el siguiente diálogo:
Vértice intentó obtener una versión de los hechos tanto de Capriles como de Altimari pero no pudo obtenerla. Altimari declinó comentar diciendo que desconocía la veracidad de la información presentada.
De acuerdo al analista del CESPPA, el objetivo de la conversación era determinar un lugar de reunión de Capriles con “un asesor de Brasil o alguien de alto nivel del gobierno de ese país”, presuntamente para coordinar acciones contra el régimen de Maduro.
Una semana más tarde, el 11 de febrero, en otro chat interceptado al celular de Capriles Radonski, el ex candidato presidencial le expresó al dirigente de Primero Justicia, Tomás Guanipa, sus preocupaciones y perspectivas frente al escenario de primarias en la oposición, y el reto representado por el creciente liderazgo de Leopoldo López.
“Esto no es un peo de partidos sino candidatos, no será la renovación contra lo viejo”, comentó Capriles.
El contenido del chat del líder opositor llevó al analista del CESPPA a concluir que “HCR continúa desarrollando una agenda particular, la cual contempla deslindarse progresivamente de los partidos”.
La afición de los chavistas por el espionaje se remonta al principio del régimen. En el año 2000, los organismos de seguridad, principalmente la DIM y la antigua policía política Disip, transfirieron más de $15 millones a la empresa Phoenix Worldwide Industries de Miami para adquirir una serie de sofisticados equipos de intercepción de celulares, que usaron para grabar personalidades sospechosas de ser contrarevolucionarias.
El propio Hugo Chávez intentó adquirir acciones de una firma israelí que fabricaba satélites de espionaje, de acuerdo a negociaciones en 2006 que fueron puestas al descubierto en una corte de Nueva York. El fallecido mandatario quería en ese momento invertir $150 millones para adquirir el 30 por ciento de la firma, pero la operación fue bloqueada por el Ministerio de Defensa de Israel.
Durante varios años, el gobierno venezolano contrató los servicios de expertos informáticos como Rafael Núñez, alias RAFA, procesado y luego encarcelado en Estados Unidos por intervenir los servidores de la Fuerza Aérea Norteamericana en 2001; y Matías Bevilacqua, un hacker argentino que trabajaba para la inteligencia española, y que al mismo tiempo integraba una banda de red de tráfico de datos personales que desarticuló la Policía Nacional de España a mediados de 2012.
El hackeo de comunicaciones también se practica entre grupos del chavismo que son rivales.
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Bevilacqua entrenó personal del gobierno venezolano en gerencia de seguridad de la información en Caracas, pagado por el Sistema Nacional de Gestión de Incidentes Telemáticos (VenCert), un organismo adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología chavista.
Como es usual en muchos gobiernos, Venezuela envió espías a lugares donde se pensaba que estaban llevándose a cabo conspiraciones. En Bogotá, una de las capitales favoritas del espionaje chavista, la usual posición diplomática encubría a docenas de oficiales de inteligencia que mantenían un seguimiento detallado a venezolanos opositores exilados en Colombia.
Miami, otro de los objetivos muy apreciados en los círculos de la inteligencia revolucionaria, atrajo un buen número de espías de los cuerpos de seguridad chavistas. Existen decenas de testimonios y casos que implicaron a altos oficiales de inteligencia en operaciones de espionaje en territorio norteamericano, y hay por lo menos una docena de ex funcionarios de seguridad que han sido enjuiciados en cortes federales y estatales, acusados de espionaje.
Pero es en Venezuela donde todos los esfuerzos y recursos de espionaje se utilizan sin restricciones.
Los hackers del gobierno utilizan accesos privilegiados tanto de la oficial Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), como de proveedores privados como Movistar, la firma de celulares propiedad de Telefónica de España, para controlar y registrar docenas de números telefónicos de líderes de la oposición y de sus círculos de relaciones.
Adicionalmente, la intervención de correos electrónicos es una práctica extendida, no sólo contra “objetivos” de la oposición. El hackeo de comunicaciones también se practica entre grupos del chavismo que son rivales, como la grabación divulgada en mayo de 2013 del presentador chavista Mario Silva, en la que discutía con un presunto espía del servicio cubano de inteligencia exterior G2, una serie de acusaciones contra el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
En los documentos filtrados a Vértice, por ejemplo, se encuentra un documento titulado “Listado pasaportes dra Luisa Ortega”. Aunque se desconoce el fin de ese listado, se incluyen los datos precisos, desde fechas y lugar de nacimiento, hasta emisión y vencimiento del pasaporte, de la fiscal Ortega y 8 de sus familiares más cercanos: Germán Darío Ferrer (esposo), Rebeca del Valle Ortega Suárez, Rebeca Valentina, Julio Ernesto Durán Malaver, Beatriz del Valle Ortega de Durán, Ernesto Andrés Durán Ortega, Beatriz del Valle Durán Ortega y Reina Marvella Ortega Díaz.
Además de organizar y almacenar la data obtenida en llamadas telefónicas, chats de Blackberry, correos electrónicos, conversaciones grabadas mediante el tradicional uso de micrófonos y la información suministrada por miles de “patriotas cooperantes” o espías civiles que operan dentro y fuera del país, los expertos del CESPPA rastrean y analizan constantemente miles de portales de internet y de redes sociales como Twitter y Facebook, para detectar posibles patrones de comportamiento de la oposición, e identificar enemigos con nombre y apellido.
Para llevar a cabo esta compleja tarea, el CESPPA se vale de un avanzado sistema informático, que curiosamente no fue concebido ni en laboratorios cubanos ni rusos sino en el corazón del Imperio enemigo.
El periodista Juan José Farías colaboró con este reportaje
