Un oficial y un agente de inteligencia dejan al descubierto la red de corrupción política y militar que impone su ley en el estado Bolívar. Tráfico de minerales, sicariato, masacres e impunidad azotan al sur del país y es poco o nada lo que hacen las instituciones y el gobierno central por detener la actividad de las mafias
Por Pedro Pablo Peñaloza | @pppenaloza
Fotografía: Clavel Rangel | @clavelrangel
El presidente Nicolás Maduro asegura que en el estado Bolívar, al sur del país, se encuentra una de las principales fuentes de riqueza para el futuro de Venezuela. Ante la caída de los precios del petróleo, Maduro apuesta por el desarrollo del llamado “Arco Minero”, un área de 114 kilómetros cuadrados abundante en oro, diamante, coltán, hierro, cobre, carbón, bauxita y otros minerales. “El Arco Minero del Orinoco es una fuente magnífica y extraordinaria que tiene Venezuela”, celebra el mandatario, que ha firmado convenios por más de 4 mil 500 millones de dólares con empresas trasnacionales para la explotación del sector.
Sin embargo, los testimonios de un oficial de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y un comisario jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) denuncian la existencia en ese mismo territorio de una red de corrupción que involucraría al gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, a altos mandos militares, empresas del Estado y hasta a un sobrino de la primera dama de la República, Cilia Flores, en la minería ilegal y el contrabando que siembra el terror en esta vasta zona que representa el 26% de la geografía venezolana.
Los billetes que se utilizarían para la compra ilegal de oro salieron de distintas instituciones públicas como la empresa distribuidora de alimentos Pdval, la red de expendios de alimentos Mercal Bicentenario y Gas Comunal
Los denunciantes tienen varias cosas en común. El primer teniente del Ejército, Jesús Leonardo Curvelo, trabajó entre agosto de 2006 y octubre de 2015 bajo las órdenes del gobernador Rangel Gómez. El comisario José Gregorio Lezama Gómez prestó sus servicios en la Gobernación del estado Bolívar desde junio de 2006 hasta mayo de 2015. Ambos conocieron los vínculos del poder local con las mafias que operan en la región, terminaron presos y ahora señalan con su dedo acusador a los capos de esos negocios turbios.
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Jesús Leonardo Curvelo fue detenido el 24 de octubre de 2015 en el punto de control de La Romana, ubicado en Upata, municipio Piar del estado Bolívar. Al momento de ser aprehendido, expone el uniformado en una declaración por escrito, cumplía una “orden directa de mi jefe inmediato el general de Brigada Julio César Fuentes Manzulli (ex secretario de Seguridad Ciudadana de Rangel Gómez) de llevar unas cajas con 33 millones de bolívares en efectivo desde Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar, hasta la población de Tumeremo en el municipio Sifontes”.
El oficial detenido afirma que el ex secretario de Seguridad Ciudadana de Bolívar simulaba el robo de armamento y así entregaba pistolas y subametralladoras a malhechores que dominan las poblaciones mineras de la entidad.
¿Por qué el general Fuentes Manzulli impuso esa tarea a un subalterno, que además se trasladó en un vehículo oficial sin placas? “Dicho dinero en efectivo sería empleado para la compra de oro por Juan Gabriel Rivas Núñez, nacido en Colombia pero nacionalizado con la cédula de identidad V-15.962.862, conocido como ‘Juancho’, quien gracias a las relaciones con altos funcionarios del Estado venezolano posee otra identidad con el nombre de Aponte Rodríguez Wilson Starling, según la cédula V-15.349.063”, desvela el primer teniente.
Más que por infringir la ley, Curvelo advierte que cayó en desgracia por la “confrontación” entre Fuentes Manzulli y el comandante Yusti Luna, responsable del punto de control donde lo retuvieron. “Luna me pidió que le diera diez de las cajas que trasladaba para así poder continuar mi camino hasta Tumeremo. Fuentes Manzulli se comunicó con Luna y al no llegar a ningún acuerdo, este último dio parte al Ministerio Público sobre la situación”.
El monto exacto que llevaba consigo Curvelo era 33.034.920 bolívares. Los billetes que se utilizarían para la compra ilegal de oro salieron de distintas instituciones públicas como la empresa distribuidora de alimentos Pdval, la red de expendios de alimentos Mercal Bicentenario y Gas Comunal, “según la relación numérica” que determinó la Fiscalía General de la República. “Solo con la coordinación y la orden de un alto funcionario del Estado venezolano es aprobada la entrega de esa cantidad de dinero en efectivo (…) proveniente de la banca pública (Banco de Venezuela) y privada (Banco Exterior), así como de Blindados de Oriente a través de las empresas del Estado Mercal, Pdval, Bicentenario y Gas Comunal”, recalca el oficial.
Entre maleantes
Curvelo relata que el general Fuentes Manzulli, mano derecha de Rangel Gómez, facilitaba a “pranes” o líderes de bandas criminales “protección gubernamental y armamentos”. También se valía de sus contactos con “altos funcionarios” del gobierno nacional para encubrir a los delincuentes. “Es el ejemplo del mayor general Efraín Velasco Lugo, promoción 85 (Centauros), compañero y amigo de Fuentes Manzulli, que para el año 2013-2014 cuando era director del Despacho del Ministerio de Interior y Justicia, ayudó a borrar registros policiales de Juan Gabriel Rivas Núñez ‘Juancho’, cédula de identidad V-15.962.862, a cambio de grandes sumas de dinero”. Rivas Núñez era solicitado entonces por homicidio.
La familia de Rangel Gómez no es la única mencionada por Curvelo. En su narración alude al comandante de la Guardia Nacional, Eduardo Gámez Flores, sobrino de Cilia Flores
El oficial detenido afirma que el ex secretario de Seguridad Ciudadana de Bolívar simulaba el robo de armamento y así entregaba pistolas y subametralladoras a malhechores que dominan las poblaciones mineras de la entidad. En otros casos, asegura, pertrechaba a los maleantes con la complicidad de miembros de la cúpula militar.
“En el año 2011-2012, se encontraba el general de Brigada Gustavo Ygnacio Velazco Ramos como director de la DAEX (Dirección de Armas y Explosivos del Ministerio de la Defensa) y como jefe del Parque Nacional de Armas se encontraba el mayor del Ejército Alexander Rafael Salazar Laviera, quien le facilitaba a Fuentes Manzulli a través de mi persona armas cortas y largas (AR15), las cuales eran dirigidas al ‘pranato’ ubicado en los pueblos mineros del sur”, confiesa Curvelo.
Destacando su condición de “testigo ocular”, el militar asevera que “Fuentes Manzulli y Rangel Gómez, a través de su hijo Francisco Javier Rangel Escobar, sostienen negocios con la compra de oro y diamantes que luego son vendidos fuera del país”. Jura haber visto entre 2009 y 2010 “la entrega de dinero en efectivo y barras de oro” para pagar armas que extraían irregularmente de la DAEX, en ese tiempo administrada por el general Julio César Morales Prieto, con destino a los grupos delictivos que azotan Bolívar.
La familia de Rangel Gómez no es la única mencionada por Curvelo. En su narración alude al comandante de la Guardia Nacional, Eduardo Gámez Flores, sobrino de Cilia Flores, a quien identifica como “el enlace con los oficiales generales y superiores del Área de Defensa Integral (ADI) Guayana y vinculado directamente en la compra de oro y diamante con un ciudadano conocido con el remoquete de ‘Toti’ (…) juntos coordinaban la entrega de dinero en efectivo desde Maturín, estado Monagas, y otras partes del país, presuntamente proveniente de las empresas del Estado venezolano como Mercal”.
Por error
Apenas llegó a Bolívar en 2006, el comisario José Gregorio Lezama Gómez recibió de parte de Rangel Gómez la encomienda de enfrentar la criminalidad y, en especial, disminuir los secuestros. El gobernador le pidió, asimismo, que resguardara la integridad de su hijo, Francisco Javier, para ese tiempo un joven de 16 años.
El funcionario del Sebin cumplió las tareas asignadas y se ganó el respeto de sus superiores, que resolvieron mantenerlo en Ciudad Bolívar pese a que él había requerido volver a Caracas. Pronto su eficiencia se convertiría en un problema. “En ningún momento fue mi intención investigar al gobierno regional, solo se hizo imposible combatir el hampa sin conseguir los tentáculos de altos funcionarios de la gobernación del estado Bolívar en la perpetración u organización de los hechos punibles”, dejó sentado en su declaración escrita.
Todo comenzó el 29 de octubre de 2015. Ese día, Lezama Gómez detectó que un cargamento de neumáticos se desvió hacia Villa Antillana, una urbanización de clase alta afincada en Puerto Ordaz, a 103 kilómetros de Ciudad Bolívar. En ese sector estaban residenciados una hija de Rangel Gómez y el empresario Yamal Mustafá, ficha del gobernador que estuvo dos años tras las rejas por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación y concertación de funcionario público con contratista en grado de cooperador en la estatal Ferrominera del Orinoco.
Los neumáticos fueron recibidos en una casa por el señor Rafael Vivenes Sucre, quien al ser sorprendido por el comando del Sebin respondió que la mercancía “pertenecía a uno de los generales de la gobernación”, recomendó a los investigadores retirarse para evitar problemas y, por último, trató de sobornarlos. La averiguación posterior arrojó que esos cauchos habían sido enviados por la Proveeduría Nacional de Insumos y Repuestos para atender “el parque automotor del transporte gubernamental”.
Lezama Gómez cuenta que luego de capturar a Vivenes Sucre, se activó toda una red interna para lograr su liberación. Su teléfono casi revienta. Lo llamaron policías, supervisores, compañeros del Sebin y “hasta el mismísimo secretario de Seguridad Ciudadana (Gilberto Velasco), notablemente alterado por el procedimiento”. Lejos de recibir una felicitación por esta nueva operación, Lezama Gómez fue castigado con el cierre definitivo de su coordinación y el 9 de noviembre de 2015 dos fiscales del Ministerio Público solicitaron su detención por supuestas irregularidades con unas máquinas de casino que habían sido incautadas seis meses antes.
El comisario del Sebin reitera que jamás quiso tocarle las narices a la cúpula del poder del estado Bolívar, pero insiste en que “es casi imposible aprehender a algún miembro de la delincuencia organizada que no esté conectado con Fuentes Manzulli”, a quien achaca el desmantelamiento de la policía regional para fortalecer a los pranes.
El agente enumera una serie de hechos que confirmarían su versión. El primero ocurrió a mediados de 2009, cuando halló en el río Orinoco una embarcación de 80 pies con tres cisternas de combustible para el contrabando. Lezama Gómez descubrió que la carga había sido extraída del aeropuerto Carlos Manuel Piar de Puerto Ordaz, en ese momento gestionado por César Escobar, cuñado del gobernador Rangel Gómez.
El comando antisecuestro detuvo el 28 de junio de 2012 a cinco maleantes que portaban credenciales de la policía estadal y tenían dos pistolas Pietro Beretta .92, una Glock 18 con selector de tiro y tres escopetas de 12 tiros, entre otras armas. “Fueron puestos a la orden de la Fiscalía, pero el gobernador presionó a los tribunales y a la Fiscalía para que los liberaran”, atestigua Lezama Gómez, quien agrega que el 16 de mayo de 2013 otros cuatros sujetos que fueron retenidos por “tráfico de material estratégico de la empresa básica Aluminios del Caroní (Alcasa)” también evadieron la justicia gracias a sus conexiones con el despacho de Rangel Gómez.
La violencia ha llegado a penetrar al otrora poderoso movimiento sindical de la región donde está instalada la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), conglomerado de empresas públicas que explota los ingentes recursos naturales de la entidad. Solo entre 2004 y mediados de 2014, De Grazia contabilizó 186 casos de sicariato sindical en la entidad.
En esa lista de casos Lezama Gómez encuadra la captura el 11 de febrero de 2014 del abogado José Campos Moreno, sobrino del secretario de gobierno, Teobardo Porras, “por extorsión y amenazas de muerte a un trabajador que lo denunció por corrupción”, y el encarcelamiento del propio primer teniente Curvelo el 24 de octubre de 2015.
A manera de conclusión, Lezama Gómez recalca que Rangel Gómez “mantiene sometidas a todas las instituciones del estado Bolívar, incluyendo al Sebin, los medios de comunicación (…) ejerce dominio de la delincuencia organizada con quienes controla a los funcionarios policiales y a la población civil mediante el miedo”.
A la gaveta
El diputado opositor Américo De Grazia tiene en sus manos las declaraciones escritas de Curvelo –exiliado en Portugal- y Lezama Gómez –con medida de arresto domiciliario. Ambos informes fueron consignados ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, instituciones del Poder Ciudadano que aun no han tomado ninguna medida al respecto.
De Grazia, ex alcalde del municipio Piar del estado Bolívar y dirigente del partido La Causa R, sacó a la luz pública la masacre de 21 mineros acaecida en Tumeremo hace un año. Luego de que el legislador divulgara la noticia, el gobernador Rangel Gómez le respondió con un tuit que rezaba: “Una vez más politiqueros irresponsables pretenden generar zozobra en el sur de Bolívar. Son falsas informaciones sobre mineros asesinados”. Pero todo era cierto.
El mayor general Gustavo González López, para entonces ministro de Relaciones Interiores, relacionó a De Grazia y a la oposición con la matanza; no obstante, admitió que en el lugar funcionan “redes de corrupción que haciéndose del poder político de manera irregular, pretenden controlar la extracción del material aurífero en el Arco Minero”. Por su parte, en una entrevista concedida al canal Globovisión, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, resaltó que “el Estado tiene que dar respuesta, no puede ser que haya un pranato, un Estado dentro del Estado”.
¿Quiénes son los responsables de tanta violencia, masacres, desaparecidos y homicidios en la zona del Arco Minero? ¿Quién, cuándo y dónde se entregan las armas de la Fuerza Armada, el oro, los diamantes, los reales, las cédulas, las credenciales de policía?
No era la primera vez que la sangre caía sobre esta tierra preñada de riquezas. Hace diez años, militares venezolanos asesinaron a seis mineros en el remoto sector La Paragua. Aunque las versiones oficiales hablaban en principio de un “enfrentamiento”, el difunto presidente Hugo Chávez reconoció que “hubo al menos un uso excesivo de las armas de un grupo de militares” y exigió castigar “de manera contundente” a los uniformados. Entre 2006 y 2016, la prensa ha reseñado la ejecución de nueve masacres en minas del estado Bolívar.
La violencia ha llegado a penetrar al otrora poderoso movimiento sindical de la región donde está instalada la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), conglomerado de empresas públicas que explota los ingentes recursos naturales de la entidad. Solo entre 2004 y mediados de 2014, De Grazia contabilizó 186 casos de sicariato sindical en la entidad.
“Lamentamos la violencia sindical que viene ocurriendo en Guayana, creemos que lo que está sucediendo es que se ha sustituido la parte de la democracia sindical por el ejercicio gansteril, de cúpulas, de cogollos, que atienden únicamente sus intereses particulares”, viene alertando desde 2011 el Partido Comunista de Venezuela, aliado de la revolución chavista.
El cadáver de Yorman Pedro Márquez Rodríguez, alias “Gordo Bayón”, asesinado en Caracas el 2 de junio de 2014, demuestra el extraño contubernio entre los pranes y los sindicatos de Bolívar. Márquez Rodríguez, procesado por homicidio en 2012, fue tiroteado al salir del palacio de Miraflores (sede del Poder Ejecutivo) donde intervenía en la discusión del contrato colectivo de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Tras este suceso, los medios locales especularon sobre los nexos entre el “Gordo Bayón” y el gobernador Rangel Gómez.
“¿Quiénes son los responsables de tanta violencia, masacres, desaparecidos y homicidios en la zona del Arco Minero? ¿Quién, cuándo y dónde se entregan las armas de la Fuerza Armada, el oro, los diamantes, los reales, las cédulas, las credenciales de policía? Las respuestas a estas preguntas que a diario nos hacemos en Bolívar están respondidas en los informes de Curvelo y Lezama Gómez”, subraya De Grazia, quien sentencia: “el estado Bolívar en manos del régimen de Maduro y Rangel Gómez es evidencia suficiente de las manos criminales del narcoestado”.