Por VÉRTICE y Focus Ecuador
El gobierno de Ecuador decía que no, pero las evidencias señalan lo contrario. Y son muchas: el ex legislador Cléver Jiménez fue espiado de manera ilegal por órdenes del Ejecutivo. Un agente decidió contar cómo husmeaban en la vida de uno de los principales adversarios políticos del Presidente Correa
Operación Q. Diciembre de 2013. Ecuador. Continuando con el levantamiento de información y vigilancia referente al caso “Q”, el día de hoy se obtuvo (sic) los siguientes resultados:
Esto no es ficción. Es un fragmento del informe signado con el código UISC-INS-000-2013, de fecha 02 de diciembre del 2013, realizado en Quito, al parecer, por la Unidad de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana (UISC). La persona a la que se refieren como “blanco” o “Q” es Cléver Jiménez, en ese momento congresista por el partido Pachakutik, que sostenía posiciones críticas contra el presidente Rafael Correa. Norma Guazhima era su asistente. El vehículo Mitsubishi Montero efectivamente pertenecía al parlamentario, así como los parqueaderos del Consejo Provincial de Pichincha eran los que usaba Jiménez. Todos los datos concuerdan con la realidad.
No es el único informe. Focus y Vértice News tuvieron acceso a otros cinco informes sobre Jiménez. Y existe un sexto reporte sobre su abogado, Julio César Sarango. Todos fueron realizados en un formato similar, con fotos de las personas vigiladas, movilizándose en el referido vehículo o simplemente caminando, a excepción de uno realizado durante el allanamiento de la oficina del entonces asambleísta, el 26 de diciembre de 2013, y otro efectuado a su vehículo en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, en abril de 2014, mientras Jiménez estaba asilado en la comunidad indígena autónoma de Sarayaku, tras ser acusado judicialmente por “injuriar” al presidente Correa.
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Además de los documentos, Focus y Vértice tuvieron acceso a un video donde aparece el congresista Jiménez dentro de su apartamento, ubicado en el sector de La Vicentina, en el centro-norte de Quito, con fecha del 2 de diciembre de 2013, una aparente violación a la privacidad y a su estatus funcionario electo.
Según los propios documentos, los agentes que realizaron los seguimientos aparecen registrados con los nombre de Santiago, Sebastián, Esteban, Matías y Bruno, simples seudónimos para proteger a los verdaderos responsables.
Las confesiones de Stalin
Focus y Vértice hablaron con uno de estos agentes de inteligencia anónimos. Este se hace llamar Stalin. Asegura ser un ex agente de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN).
Stalin cuenta que hizo seguimiento al ex asambleísta Cléver Jiménez por órdenes de sus superiores en la Senain. Vigiló metódicamente a César Sarango, abogado del congresista, y a su asistente Norma Guazhima. En el video que grabó para presentar sus revelaciones, les ofrece disculpas por irrumpir en su vida diaria: “Las disculpas son de parte mía y de mi familia. Trabajar para el Estado a la larga y a la corta no tiene ninguna consecuencia buena”, afirma el policía. En el video luce nervioso, pues según él, su vida corre peligro por esta confesión: “El teniente Paredes (uno de sus superiores) me amenazó de muerte por la información que acabo de dar de la Senain”.
Pero ¿quién le ordenó espiar y seguir minuciosamente al ex asambleísta Jiménez, a su abogado y a su asistente? En la cadena de mando, según Stalin, las órdenes para espiar a estas personas las dio Rommy Vallejo, Secretario Nacional de la Senain. Sus disposiciones pasaban al teniente coronel Francisco Saavedra, conocido por haber sido sorprendido vestido de sacerdote tomando fotos en una reciente manifestación contra el gobierno de Rafael Correa en Quito. El siguiente en la cadena de mando en la orden para a Jiménez es al mayor de la policía, Alex Salgado, el oficial que le dio directamente la orden a Stalin para espiar ilegalmente al congresista Jiménez.
Stalin asegura que también realizaron labores similares contra la asambleísta indígena Lourdes Tibán, pero ese trabajo fue llevado a cabo por otros agentes.
Según detalles de los reportes de inteligencia, el seguimiento empezaba cuando Clevér Jiménez salía de su domicilio para dirigirse a la Asamblea Nacional, desde las 6:30 de la mañana. Esos documentos detallan cada una de sus actividades, incluso reuniones con organizaciones sociales.
Pero no solo les interesaba a los espías gubernamentales lo que Jiménez hacía fuera de casa. También grabaron al ex asambleísta en sus momentos de descanso: en un video se observa a Jiménez viendo televisión en la privacidad de su habitación.
Sin omitir detalles
Los informes confidenciales fueron elaborados entre diciembre del 2013 y abril del 2014. El espionaje se realizó incluso cuando Jiménez buscó refugio en la selva.
En uno de los informes, fechado el 21 de abril del 2014, se registra una reunión entre Jiménez y la dirigente de Sarayaku, Patricia Gualinga.
En los papeles se refieren al legislador como “el blanco del caso Q”. Agentes de la Senain estuvieron presentes en el allanamiento de su oficina en diciembre de 2013. Monitorearon cada acción e informaron a sus superiores. En el informe incluso adjuntan la orden de allanamiento al despacho del legislador.
Estas revelaciones del ex agente Stalin y el contenido de los documentos de inteligencia contradicen de forma documentada por primera vez las afirmaciones públicas de los líderes del Senain, que han negado todas las denuncias de que el organismo hace labores irregulares de espionaje.
Correa dio la orden
Las denuncias publicadas hasta ahora no sólo han mostrado evidencias de que los cuerpos de seguridad ecuatorianos ejercen una vigilancia férrea contra ciudadanos, especialmente políticos opositores y periodistas. También han mostrado que el gobierno de Correa utiliza agentes de seguridad para acusar y allanar propiedades de opositores sin presentar causa aparente.
El ex asambleísta Cléver Jiménez, abierto crítico de Correa, fue acusado de hackeo a las cuentas electrónicas del mandatario. Jiménez pidió que se presentaran pruebas de esta acusación, pero el gobierno nunca presentó evidencias de tales acusaciones. La respuesta a fines de 2013 fue el allanamiento ordenado por Correa a las oficinas de Jiménez y a la residencia de su asesor Fernando Villavicencio, en aparente búsqueda de información supuestamente reservada del Gobierno. Durante el allanamiento, los agentes del Senaín confiscaron computadoras, laptops, tabletas y teléfonos celulares. En su programa de televisión Enlace Ciudadano -edición 354-, Correa aseguró que los allanamientos se dieron como parte de una investigación de un caso de espionaje.
Jiménez y Villavicencio habían sido hasta entonces los principales denunciantes de presuntos actos de corrupción del Gobierno de Correa. El caso incluso salpicó a otros comunicadores, como Xavier Bonilla, caricaturista de El Universo, que publicó un dibujo sugiriendo que el allanamiento había sido ordenado no para encontrar evidencias de espionaje sino para destruir potencial evidencia comprometedora. Posteriormente a la publicación de ese artículo, Bonilla fue el centro de ataques verbales y acusaciones por parte del presidente Correa. El caricaturista fue acusado por Correa de formar parte de una campaña para desacreditarlo.
Uno de los documentos de inteligencia filtrados a Focus y Vértice, muestra otros elementos inéditos de la polémica. Según un reporte de fecha 2 de noviembre de 2013, el Presidente Rafael Correa dio la orden a Rommy Vallejo y a Pablo Romero Quezada, funcionarios de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) para espiar a Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio.
En el documento se registra una argumentación del procurador del Estado, Diego García Carrión, en la que sugiere que la información en poder de Jiménez y Villavicencio podría ser particularmente peligrosa para los intereses de Correa.
Callen al diputado
El ex asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez denunció el 25 de marzo del 2015, que durante un año le tocó vivir una persecución “incesante e inhumana” por parte de la Secretaría Nacional de Inteligencia en contra de su familia. Aseguró que agentes de la Senain, con recursos técnicos y tecnológicos a disposición, investigaron a personas que consideraban incómodas para el Estado sólo por denunciar casos de corrupción.
Durante su gestión como asambleísta, Jiménez se concentró en una labor fiscalizadora. Presentó numerosos pedidos de información sobre acciones del Gobierno y solicitó investigar a varios funcionarios gubernamentales, incluyendo al propio Rafael Correa, por hechos en los que el legislador consideró que podían existir indicios de peculado y otras ilegalidades. Jiménez también realizó numerosas denuncias penales, sustentándolas en la información que por ley los asambleístas pueden solicitar a cualquier funcionario público.
Jiménez no terminó su período legislativo. Una sentencia de la Corte Nacional de Justicia de marzo de 2014, dispuso su prisión. Junto al periodista Fernando Villavicencio y al médico Carlos Figueroa, Jiménez fue acusado supuestamente de injuriar a Correa acusándolo públicamente en 2011 de haber ordenado la incursión armada en el Hospital de la Policía, durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010 en Quito.
Tanto Jiménez como Villavicencio y Figueroa fueron sentenciados por un tribunal de Quito a 18 meses de prisión como consecuencia de la demanda de Correa.
Poco tiempo después los tres opositores fueron beneficiados con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno de Correa desconoció la decisión del organismo en Costa Rica.
A fines de 2015, tanto Clever Jiménez como Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa quedaron libres de responsabilidad cuando el plazo legal de la sentencia expiró.
Más evidencias de espionaje
El 11 de diciembre del 2013, el diario El Universo publicó que Pablo Romero Quezada, Secretario Nacional de Inteligencia, firmó una carta autorizando a Illuminati Lab, empresa argentina que colaboró en la campaña electoral de Correa y que se dedica al monitoreo de las redes sociales, a contactar a Hacking Team, una firma italiana que vende equipos y ofrece servicios de espionaje electrónico.
En la carta, con fecha del 27 de febrero del 2013, Romero indicó que la Secretaría “autoriza a la empresa Illuminati Lab a oficiar de representante e interlocutor exclusivo para la demostración, evaluación y contratación de los servicios que presta la empresa Hacking Team”.
Hacking Team es una empresa que vende, entre otros productos, un programa informático que se aloja en computadoras, teléfonos o tabletas para espiar toda la actividad que se realice en el dispositivo “infectado”, con el fin de enviarla a otro servidor. Es lo que se llama malware.
Hacking Team ha sido denunciada por activistas de los derechos humanos y periodistas, entre ellos la organización Reporteros Sin Fronteras, por supuestamente vender este tipo de software para que los gobiernos espíen a sus ciudadanos.
En la web de esta empresa, con sede en Milán y con sucursales en Singapur y en Estados Unidos, se promociona un programa invisible que rastrea todo lo que se hace en el dispositivo y permite una vigilancia total. Según el video promocional, el producto Galileo es “el set de pirateo para interceptación gubernamental. Justo al alcance de sus manos”.
La Senain negó todo lo afirmado por la prensa y aseguró que no tiene ningún vínculo con dicha empresa. Y aclararon que esta entidad pública se dedica a la seguridad del Estado, no a espiar. Incluso, los periodistas fueron invitados a conocer sus instalaciones. Pero en la visita los reporteros sólo pudieron observar extensos espacios verdes y cómodas oficinas: no se vieron los procesos en los que trabajan sus funcionarios.