El presidente del máximo tribunal de Venezuela y los miembros de la Sala Constitucional entraron a la lista negra del Departamento del Tesoro por las decisiones que han tomado en contra del Parlamento y la democracia. El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado esto como otro ataque del imperio, pero la lupa comienza a posarse nuevamente sobre estos jueces. ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Son confiables o se trata de actores políticos?
Por Pedro Pablo Peñaloza | @pppenaloza
Luego de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, denunciara la ruptura del orden constitucional en Venezuela, el vicepresidente Tareck El Aissami y el jefe del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, se reunieron en la sede del Poder Judicial y comparecieron ante los medios para defender al presidente Nicolás Maduro.
Ahora, El Aissami y Moreno vuelven a coincidir en un mismo espacio. Ya no movidos por Maduro, sino por la administración de Donald Trump. Ese lugar que comparten es la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde ambos han ido a parar aunque por diferentes razones: el primero en febrero por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, el segundo este jueves 18 de mayo por sus ataques contra la Asamblea Nacional y la democracia venezolana.
El líder del TSJ no entró solo en ese aciago registro. Washington sancionó a los siete magistrados de la Sala Constitucional, conocida como la “todopoderosa” y verdadero azote de la mayoría opositora del Parlamento. De esta manera, los jueces que han dictado más de cincuenta sentencias contra la Cámara terminaron sentados en el banquillo de los acusados por la Casa Blanca.
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Con prontuario
Moreno y sus colegas Juan José Mendoza, Arcadio Delgado Rosales, Gladys Gutiérrez, Carmen Zuleta de Merchán, Luis Damiani Bustillos, Lourdes Suárez Anderson y Calixto Ortega han acumulado suficientes méritos políticos para ser reprendidos por el gobierno norteamericano. Pero el principal señalado también ofrece algunas razones adicionales que van mucho más allá del conflicto por el poder en el país.
“En Venezuela hay 98% de impunidad y el año pasado asesinaron a 28.000 venezolanos. La respuesta de Nicolás Maduro frente a esta tragedia es nombrar como presidente del TSJ a Maikel Moreno, quien fue encontrado culpable de la muerte de Rubén Gil Márquez en 1989. ¿En manos de quién está la justicia en Venezuela?”, cuestionó el diputado opositor Juan Miguel Matheus, después de que se hiciera oficial en febrero la designación del máximo representante del sistema judicial bolivariano.
Mucho antes de enfundarse la toga, Moreno fungió como oficial en la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip, policía política), cuerpo que el difunto presidente Hugo Chávez reformó en 2009 bajo el argumento de que estaba “infiltrado por mafias”. Su paso por aquel organismo está manchado de sangre. Además de cargar en sus espaldas con el caso de Gil Márquez, por el que enfrentó menos de dos años de prisión gracias al otorgamiento de beneficios procesales, también se le relacionó en 1987 con el asesinato de una joven en Ciudad Bolívar, al sur del país.
En sus tiempos de litigante, asumió la defensa de los llamados “pistoleros de Puente Llaguno”, un grupo de militantes del oficialismo que disparó con armas de fuego en pleno centro de Caracas el 11 de abril de 2002, mientras decenas de miles de personas marchaban hacia el palacio de Miraflores en una jornada que concluyó con un golpe de Estado que sacó del poder a Chávez durante unas horas.
La hoja de vida de Moreno está llena de escándalos. El ex magistrado chavista Luis Velásquez Alvaray lo acusó de formar parte de la banda de “Los Enanos”, supuestamente conformada por jueces, fiscales y abogados con vinculaciones políticas que corrompían a la justicia venezolana. En 2007, su carrera judicial se cortó de forma abrupta cuando la Sala Constitucional del TSJ lo removió del cargo de juez de la Corte de Apelaciones de Caracas, al considerar que había incurrido en un “error inexcusable” por dejar en libertad a los asesinos de la abogada Consuelo Ramírez Brandt.
Desterrado de los tribunales, encontró refugio en la Cancillería de Nicolás Maduro. En su nuevo rol de diplomático, ejerció como cónsul en Roma y ministro consejero en la embajada de Trinidad y Tobago. Sin embargo, pronto volvería al Poder Judicial y por la puerta grande. Contando con el aval de la mayoría chavista del Parlamento en 2014, el execrado limpió sus culpas y no solo alcanzó una silla en el TSJ, sino que alcanzó la presidencia de la Sala Penal y la primera vicepresidencia del organismo que un día lo arrojó por la ventana.
Instalado en las alturas del Poder Judicial, Moreno continuó sumando a la polémica. Rechazó extraditar a España al terrorista de ETA, José Ignacio De Juana Chaos. Ordenó la liberación del presunto narcotraficante Kassem Mohamed Hussein, solicitado por Estados Unidos. Avaló la determinación del Ministerio Público de archivar las denuncias de corrupción contra el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. Y confirmó la condena a casi 14 años de prisión que pesa sobre el fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, encarcelado desde febrero de 2014 por convocar las protestas que exigían la salida de Maduro.
Su vida privada ha estado en el ojo del huracán. El diario El Nuevo Herald de Miami publicó hace un año que Moreno se casó en abril de 2012 en Miami con la ciudadana cubano-americana Belkis Coralito Gachassin-Lafite, nueve años mayor que él. El divorcio llegó en junio de 2014. “El matrimonio entre Gachassin-Lafite y Moreno fue denunciado ante las autoridades de Estados Unidos bajo sospecha de que el magistrado venezolano cometió fraude migratorio”, reveló el periódico.
En la actualidad, el juez de 51 años disfruta de su tercer matrimonio con la modelo de 25 años Débora Menicucci, quien representó a Venezuela en el certamen Miss Mundo 2014. En diciembre pasado, Menicucci publicó en su cuenta de Instagram una foto besando a su marido despidiendo el año en un lujoso hotel de París.
Todos rojos
Maduro convirtió a la Sala Constitucional en un pelotón de fusilamiento para liquidar a la Asamblea Nacional. Las sentencias 155 y 156 firmadas por sus siete magistrados, que eliminaban la inmunidad parlamentaria, permitían procesar a los diputados por “traición a la patria” y en la práctica inhabilitaban al Parlamento, desataron las protestas que comenzaron a principios de abril.
De esos siete jueces, cuatro militaron en las filas del chavismo. La expresidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, aspiró a la gobernación del estado Nueva Esparta y fue diputada suplente por esa entidad con el extinto Movimiento Quinta República (MVR, ahora PSUV). Además, fue directora-jefa de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros, embajadora ante el reino de España y procuradora general de la República con Chávez.
Antes de convertirse en un magistrado “imparcial”, Juan José Mendoza se desempeñó como parlamentario del PSUV y llegó a encabezar la Comisión de Defensa del Poder Legislativo. El flamante jefe de la Sala Constitucional es el autor de un fallo que autoriza a los militares a participar en actos políticos y gritar consignas como “¡Chávez vive, la lucha sigue!” y “¡Patria socialista o muerte!”.
Calixto Ortega recorrió el mismo camino de Mendoza: se mudó de la Asamblea Nacional al TSJ. Al igual que Moreno, tuvo una pasantía por el servicio exterior de la mano de Maduro, quien lo nombró encargado de negocios en la embajada de Estados Unidos -de donde fue expulsado en octubre de 2013 en respuesta a la decisión de Caracas de echar a tres diplomáticos norteamericanos- y posteriormente vicecanciller para Europa.
Luis Damiani Bustillos aterrizó en el Poder Judicial tras cumplir una etapa como viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Universitaria y vicerrector de la Universidad Bolivariana.
Lourdes Suárez Anderson es conocida por su parentesco con el fiscal Danilo Anderson, asesinado en un atento con explosivos ocurrido el 18 de noviembre de 2004. La revolución chavista siempre culpó a la oposición por la muerte de Anderson, quien tenía un alto perfil político y adelantaba investigaciones relacionadas con el golpe de Estado de 2002.
Los otros dos sancionados por el Departamento del Tesoro son Arcadio Delgado Rosales y Carmen Zuleta de Merchán. Pese a ser quienes cuentan con más años de experiencia en la Sala Constitucional, se distinguen por su bajo perfil. En una de sus pocas intervenciones públicas destacadas, en el acto de apertura judicial de 2012, Delgado Rosales levantó una polvareda al aseverar que la construcción del socialismo “no choca” con la Constitución venezolana, sustentando su tesis en los postulados expuestos por el jurista alemán Carl Schmitt, quien apoyó al régimen nazi.
Maikel Moreno respondió al anuncio del Departamento del Tesoro –que congela sus bienes en Estados Unidos- con un previsible tono político: “intentan coaccionar e intimidar la conciencia de los magistrados”. Maduro, por su parte, expresó su apoyo ante el “ataque imperial” y la canciller Delcy Rodríguez quiso interpretar el hecho como la imposición de sanciones contra un “Poder Público soberano e independiente” y una violación de leyes nacionales e internacionales.